Galápagos se convirtió en el primer Patrimonio Natural de la Humanidad de la UNESCO hace más de cuatro décadas. Ahora, el hábitat de cientos de especies en peligro de extinción corre peligro. Desde hace algunas semanas, una flota pesquera de alrededor de 260 buques chinos circula en el borde exterior de las aguas sobre las que Ecuador ejerce jurisdicción. Ante el acecho sobre el archipiélago, el Gobierno de Lenín Moreno apuesta a la solución diplomática.
Los casi 300 barcos pesqueros se encuentran en el corredor de aguas internacionales que separa las dos zonas de jurisdicción ecuatoriana -las 200 millas desde la costa continental y las 200 millas que rodean Galápagos-. Sin embargo, no se trata de una novedad. 245 pesqueros de nacionalidad china ocuparon las aguas en 2019, y en 2017 lo hicieron 100.
Las autoridades ecuatorianas han intervenido solo una vez, hace algunos años, cuando uno de los barcos ingresó en zona de exclusividad comercial de Ecuador. En sus bodegas cargaba 300 toneladas de aletas de tiburón, lo cual condujo a su incautación. Esta vez, las embarcaciones han respetado el derecho del mar pero su accionar no deja de poner en riesgo la supervivencia de la biodiversidad cuyo ecosistema de vida no está limitado a las 200 millas que establece la ley.
La respuesta diplomática seguramente tomará más ímpetu luego de que los líderes de Ecuador, Perú, Chile, Colombia y Panamá -todos ellos afectados por la industria pesquera asiática- se reúnan en el marco de la Comisión del Pacífico Sur. Las dificultades que se asoman en el horizonte son múltiples. Por un lado, China no ha firmado la Convención del Mar sobre pesca ilegal. Por otro, Pekín podría negarse a cooperar y los países latinoamericanos carecen de la capacidad de sostener la negociación por la vía coactiva.