Decenas de funcionarios de alta jerarquía del Gobierno peruano recibieron dosis de la vacuna desarrollada por Sinopharm entre septiembre y enero. Entre ellos se encuentra el expresidente Martín Vizcarra, quien se vacunó a escondidas en octubre cuando aún ocupaba la presidencia. La canciller, Elizabeth Astete, también confirmó haber recibido la primera dosis el mes pasado sin el aval del presidente Francisco Sagasti y presentó su dimisión. La indignación por las “vacunas de cortesía” se ha hecho patente entre los peruanos. El país suma más de 43.000 muertes por coronavirus y se espera que se celebren elecciones en abril.
La canciller Astete aseguró haber recibido una dosis que llegó a Perú junto al cargamento destinado a los ensayos clínicos. La ahora exministra de Relaciones Exteriores integró el equipo encargado de negociar la compra de vacunas con la farmacéutica china. Ante el revuelo generado por la divulgación de la vacunación de Vizcarra y la primera dama, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, también presentó su renuncia. Oscar Ugarte la ha sucedido en el cargo y ya ordenó una investigación sobre la administración de dosis de cortesía entre los miembros del Gobierno.
Se estima que la Universidad Peruana Cayetano Heredia, centro privado encargado del ensayo clínico de Sinopharm en Perú, disponía de 400 dosis extra además de las destinadas a las pruebas y a la inmunización del equipo que estuvo en contacto con los voluntarios. Luis Suárez, uno de los viceministros de Salud que también presentó su dimisión este fin de semana, aseguró que la farmacéutica asiática puso a disposición del equipo responsable de la respuesta ante la pandemia y su entorno directo la vacuna, aún en fase de experimentación.
La Fiscalía de la Nación informó la apertura de una investigación contra Vizcarra y todo aquel funcionario que resulte responsable de la gestión de las dosis de cortesía de Sinopharm. Por su parte, la Universidad Cayetano Heredia comunicó la recepción, en septiembre de 2020, de dos lotes de vacunas experimentales. Uno de ellos se destinó a las pruebas con voluntarios mientras que las 3.200 dosis restantes, de las cuales no llevaron registro, debían ser administradas al personal de investigación.