Casi dos décadas de negociaciones concluyeron con la firma, en junio de 2019, del mayor tratado comercial jamás alcanzado por la Unión Europea (UE). No obstante, la aplicación del acuerdo birregional depende de la ratificación de los veintisiete miembros de la UE y, también, por parte de los cuatro países que conforman el Mercosur. En Bruselas, las resistencias impuestas por Austria y Francia amenazan con hacer tambalear el acuerdo. Los socios del bloque europeo sostienen que el pacto va en contra de los objetivos climáticos de la UE.
Hay quienes sostienen que la posición francesa no se modificará hasta después de las elecciones presidenciales de 2022. Sin embargo, Bruselas continúa trabajando en la búsqueda de una salida alternativa a fin de conservar su posición estratégica en el Cono Sur. El mayor temor de la UE es perder un mercado de 260 millones de consumidores a manos de China, que desde hace alrededor de una década lleva adelante un avance sostenido sobre América Latina.
Es en esta línea que ayer se celebró una reunión informal a la que asistieron los secretario de Estado de Comercio de los veintisiete miembros de la UE. La cumbre de secretarios constituyó una respuesta a la declaración del Gobierno austríaco de retirar el apoyo a la ratificación en la medida en que el acuerdo exacerbará el proceso de deforestación del Amazonas. Así, tanto París como Viena exigen mayores garantías por parte de los socios sudamericanos en cuanto al cumplimiento de requisitos sanitarios y medioambientales. Según trascendió de la reunión del jueves, los Países Bajos, Irlanda y Bélgica también expresaron sus reparos. En cambio, Alemania, España, Portugal y Suecia reiteraron su apoyo a la ratificación.
Las opciones que se barajan en Europa son principalmente dos: una declaración política conjunta en la que los países del Mercosur se comprometen a redoblar esfuerzos en el cumplimiento del Acuerdo de París o, la redacción de un protocolo anexo al acuerdo ya alcanzado donde se incluyan mayores exigencias en materia medioambiental. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay aguardan una solución por parte de Bruselas mientras que la UE se juega su reputación como socio comercial a nivel mundial.