Japón aprueba el vertido de agua de la planta nuclear de Fukushima al mar

El Gobierno japonés confirmó la decisión de verter al mar más de un millón de toneladas de agua recolectada en la planta de energía atómica de Fukushima. El proyecto generó rechazo entre los pescadores locales, así como también en los países de la región.

Tanto el agua utilizada en el proceso de refrigeración como el agua que se filtró de las capas subterráneas resultaron contaminadas tras entrar en contacto con los reactores destruidos en el accidente nuclear de 2011. Los intentos iniciales de tratamiento de las aguas fueron infructuosos en la medida en que no lograron reducir los niveles de isótopos radiactivos presentes en ellas. El Gobierno asegura que continuarán los trabajos de tratamiento hasta tanto los niveles de contaminación se encuentren por debajo de los estándares de la Organización Mundial de la Salud respecto al agua de consumo. Asimismo, la operación será supervisada por la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés).

La empresa encargada de la gestión del agua contaminada, Tokyo Electric Power Co. o Tepco, anunció que, dadas las limitaciones para la construcción de más tanques de almacenamiento, deberá comenzar a verter el agua en el Océano Pacífico dentro de dos años. Además, el proceso se extendería por un período de entre dos y tres décadas. El plan provocó malestar entre los miembros de la comunidad pesquera de Fukushima, gravemente afectada por el desastre nuclear y la contaminación resultante. Se teme que, aunque el agua descartada sea segura, su vertido afectará la confianza en los productos de la industria regional.

El Director General de la IAEA, Rafael Mariano Grossi, aseguró que no se trata de un escándalo ya que el vertido de agua tratada, pero con un mínimo contenido de tritio, es rutinario en otras plantas nucleares del mundo. Ofreció, además, la provisión de monitoreo de radiación independiente por parte de la Agencia.

China y Corea del Sur denunciaron la irresponsabilidad de la decisión y expresaron su preocupación acerca de la seguridad de las personas y el impacto sobre el medioambiente. Por su parte, Estados Unidos apoyó la medida destacando la transparencia del proceso decisorio.

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