Después de seis semanas de protestas y un fallido intento de negociación entre el Gobierno y el Comité Nacional de Paro, ayer comenzó la visita oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia. Ésta tiene por objetivo evaluar las denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos durante las protestas que sacudieron al país entre abril y mayo. Antonia Urrejola, la presidente de la CIDH, lidera el equipo que arribó a Colombia el domingo pasado.
Por un lado, se recibió un informe por parte del presidente, Iván Duque, sobre el paro nacional, los saqueos, los actos de vandalismo y el bloqueo de rutas. Por otro lado, los representantes del órgano que responde a la Organización de Estados Americanos entrevistaron a decenas de víctimas de la violencia policial en distintas ciudades del país. El estallido social en Colombia dejó medio centenar de fallecidos, alrededor de 90 desaparecidos y más de 2.000 heridos entre policías y civiles.
Según Urrejola, tanto los bloqueos como el derecho a la protesta social estarán en el centro de la evaluación que llevará a cabo su equipo para poder hacer una serie de recomendaciones al Gobierno de Duque. Inicialmente, el mandatario colombiano se opuso a la visita. No obstante, luego de recibir críticas por parte de la comunidad internacional y tras la renuncia de la ministra de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo cambió de postura.
Además de entrevistarse con Iván Duque, la delegación de la CIDH se reunió con el ministro de Defensa, Diego Molano, y el director de la Policía, Jorge Vargas, dado que son las instituciones señaladas en la mayoría de las denuncias por perpetrar los abusos. Tras la ronda de reuniones y entrevistas con víctimas, el órgano interamericano aseguró que toda la información recibida será analizada conforme a los estándares interamericanos de derechos humanos.