Uno de los miembros de la máxima instancia del tribunal electoral de Perú, renunció a su cargo. La dimisión ocurre luego de que diez apelaciones presentadas por el equipo legal de Keiko Fujimori fueran declaradas infundadas por tres votos contra el suyo. Los abogados de Fuerza Popular presentaron un total de 201 apelaciones que pretenden anular votos en donde Pedro Castillo obtuvo la victoria. Para el funcionario, «existe falta de transparencia y ausencia de disposición para hallar la verdad electoral».
La segunda vuelta electoral se celebró el pasado 6 de junio en un proceso que las misiones de observación internacionales declararon como transparente y carente de graves irregularidades. Esta semana, el Defensor del Pueblo, Walter Guttiérrez, aseguró que sería irresponsable hablar de fraude. Tan solo tres días después de la elección, Fujimori presentó los pedidos de nulidad.
La primera instancia del tribunal electoral desestimó los pedidos. Los abogados de la candidata elevaron una solicitud de revisión a la segunda instancia del tribunal. Esta semana el Jurado nacional de Elecciones peruano revisó y rechazó las primeras diez apelaciones. Al final de la sesión, Arce presentó su renuncia y cuestionó la decisión de sus colegas.
La decisión del magistrado va en contra de lo pautado por la ley electoral, según la cual el cargo es irrenunciable mientras el proceso electoral se encuentra en curso. En el país andino, el tribunal electoral es el ente facultado para proclamar al presidente electo. Hasta el momento, el Organismo Nacional de Procesos Electorales afirmó que Castillo ganó la segunda vuelta por una diferencia de alrededor de 40.000 votos.
La salida de Arce dilataría indefinidamente la proclamación del maestro y sindicalista rural como presidente. Ante este escenario, el Jurado Nacional de Elecciones solicitó al Ministerio Público que convoque a su representante provisional a fin de reemplazar al magistrado saliente y salvaguardar la democracia.