En el primer aniversario de la catástrofe, los familiares de más de 200 víctimas fatales se congregaron en una ceremonia. Abrazados a las fotografías de sus seres queridos que ya no están, miles de libaneses reclamaron justicia en su memoria. La zona portuaria donde ocurrió la explosión aún exhibe los daños producidos por el estallido de nitrato de amonio almacenado allí durante años.
Mientras una gran pancarta declaraba que los libaneses son “rehenes de un Estado asesino”, las fuerzas de seguridad locales respondieron con granadas de gases lacrimógenos y chorros de agua a presión a los manifestantes que arrojaban piedras. En paralelo, se produjeron enfrentamientos entre miembros de partidos rivales en las cercanías del Parlamento, en el distrito de Gemmayze.
Según Human Rights Watch, el estallido se debió a acciones y omisiones de los funcionarios de mayor jerarquía que no reportaron el peligro latente. Un año después de la explosión, la investigación abierta por la justicia aún no ha inculpado a ningún funcionario estatal. La crisis económica y política desatada en el Líbano ha obstaculizado el avance en la búsqueda de respuestas. A su vez, la ley otorga inmunidad ante la justicia a muchos de los altos cargos del Gobierno libanés.
El nitrato de amonio es típicamente utilizado en la fabricación de fertilizantes y explosivos. La explosión produjo una onda expansiva que afectó a 75.000 viviendas y desplazó de sus viviendas a más de 300.000 residentes de Beirut, la capital libanesa. Los daños materiales ascienden a casi 6.000 millones de dólares.
El material explosivo llegó al Líbano en 2013 a bordo de una embarcación de bandera rusa. Aunque en ese momento se descargaron 2.700 toneladas, se estima que sólo unas 550 toneladas permanecían allí al momento de la catástrofe. Hasta ahora no hay información vinculada al importador ni tampoco respecto al destino de la carga faltante.