El pasado lunes tuvo lugar el referéndum convocado por el gobierno tunecino para avalar la entrada en vigor de una nueva ley fundamental. Según las autoridades electorales, el 94,6% de los votantes respaldaron la nueva Constitución impulsada por el presidente, Kais Saied. Sin embargo, tan solo un 27% de los ciudadanos habilitados para ejercer el voto lo hicieron.
El texto aprobado esta semana concentra en manos del presidente casi la totalidad de los poderes del Estado. Es por ello que la oposición decidió boicotear la consulta popular, denunciando la ilegitimidad del proceso político del que surgió el proyecto considerando que la implementación de la nueva Constitución constituirá un golpe de Estado. Hace alrededor de un año, Saied declaró el estado de emergencia en todo el país, lo que le permitió asumir plenos poderes y gobernar por medio de decretos presidenciales.
La cuestionable legitimidad del referéndum socava desde el comienzo la propia de la Constitución. En consecuencia, la crisis política que atraviesa hace meses el país africano muy probablemente se agravará. De hecho, algunos de los principales partidos políticos ya solicitaron la dimisión del mandatario. El pedido subraya la baja participación y las dudas sobre la imparcialidad de la Junta Electoral, cuyos miembros fueron designados por el propio Saied en mayo.
El próximo hito en la agenda del presidente es la celebración de elecciones legislativas, pautadas para el 17 de diciembre. La nueva Ley fundamental no abarca ningún lineamiento sobre el proceso electoral ni tampoco ofrece certezas respecto de las competencias de cada una de las Cámaras legislativas. El Parlamento de Túnez fue disuelto por Saied en marzo de 2022.