La pandemia y el Brexit se encuentran detrás de la situación que afecta al Reino Unido. El Gobierno de Boris Johnson se encuentra bajo la presión de los sectores empresarios que exigen la flexibilización de las leyes sobre migraciones. En las góndolas de supermercado y las cocinas de cadenas de restaurantes se hace notar la falta de productos e insumos.
La Ley de inmigración que entró en vigor en febrero de 2020 restringió aún más las posibilidades de acceso para los ciudadanos europeos al mercado laboral británico. A ello se sumó el inicio de la pandemia, que impuso altísimos costos sobre las empresas. En ese contexto, el esquema de residencia acordado por Londres y la Unión Europea -que contempla los permisos de residencia de trabajadores ya contratados- quedó suspendido. Muchos trabajadores europeos se vieron obligados a regresar al continente para no separarse de sus familias por tiempo indeterminado.
Principalmente, los efectos del Brexit y de la pandemia se cristalizan en la falta de transportistas y camioneros. Se estima que hacen falta al menos 100.000 para hacer frente a los problemas de desabastecimiento. Asimismo, escasea el personal en las plantas procesadoras de alimentos, en el sector agropecuario, en los comercios, entre el personal de limpieza en hoteles y oficinas, carpinteros, electricistas e incluso ingenieros mecánicos para las plantas de ensamblaje. Un gran número de industrias ha optado por limitar su capacidad productiva voluntariamente a fin de poder hacer frente a la alta demanda.
En Downing Street, el Gabinete se rehúsa a admitir que su mayor logro -el Brexit- tiene profundas deficiencias. En este sentido, la ministra del Interior, Priti Patel, instó al empresariado local a formar, preparar y contratar ciudadanos británicos. Otros actores, como Andrew Bailey, a la cabeza del Banco de Inglaterra, han dejado clara su preocupación respecto a la escasez de mano de obra y sus implicancias sobre la economía británica, ya golpeada por el contexto global.
Hasta ahora, Johnson no se ha pronunciado sobre la situación. Cabe preguntarse hasta qué punto el Gobierno británico dejará que aumente la tensión sobre la economía, antes de reevaluar las restricciones a la inmigración actualmente en vigor. Posiblemente, la presión ejercida por los representantes del sector empresario y las demandas que se hagan oír desde la ciudadanía resulten en un cambio de postura, al menos, temporal.