Una amplia mayoría de la ciudadanía chilena rechazó la nueva Constitución. El “rechazo” se impuso por casi el 62% de los votos, contra el 38% del “apruebo”. Este resultado constituye un duro golpe para el Gobierno de Gabriel Boric, que había apoyado la aprobación del texto. El propio Presidente ofreció una conferencia de prensa el mismo día del plebiscito, en la que comunicó que instará al Congreso a iniciar un nuevo proceso constituyente para redactar una versión alternativa. A su vez, Boric informó que realizará cambios en la conformación de su Gabinete durante las próximas semanas.
El rechazo a la nueva Constitución venció en todas las regiones del país, incluso en Santiago -distrito clave para la victoria electoral de Boric en noviembre pasado-. Sin embargo, el Ejecutivo pretende sostener el proceso constituyente para formular una versión que consiga reunir los apoyos suficientes y dejar atrás la Ley Fundamental redactada durante la dictadura de Pinochet. Tanto la derecha como la centroizquierda impulsaron el voto negativo de cara al plebiscito celebrado el último fin de semana, considerando que el texto había emanada de una convención dominada por representantes de izquierda.
La redacción de una nueva Constitución había buscado ser la salida institucional al malestar expresado en el estallido social de 2019. Tres años más tarde, la ciudadanía chilena demostró que el esfuerzo resultó insuficiente. La impronta del nuevo texto, centrada en la paridad de género, la protección del medioambiente y el reconocimiento de los pueblos originarios puso en jaque un statu quo que pocos sectores están dispuestos a sacrificar. El temor a los profundos cambios que la Constitución podría traer aparejados condujo al rechazo generalizado. Sin embargo, persiste la convicción de que la versión de Pinochet ha quedado obsoleta y debe ser reemplazada.
En este escenario, los sectores políticos que respaldaron el “no” ahora deben honrar su compromiso con la decisión que -también- expresó la ciudadanía en octubre de 2020, cuando el 78% del país votó a favor de modificar la Constitución actual. No obstante, ahora lo harán con mayor margen para negociar y podrán jugar un rol más determinante en la eliminación o modificación de ciertos artículos, como la declaración del Estado plurinacional o la disolución del Senado. En contrapartida, Boric deberá buscar apoyos de un grupo más amplio de fuerzas políticas que le permita traccionar a más sectores de la población en pos de la aprobación de un texto que se ajuste a los principios que enarbola su Gobierno.