El Parlamento ecuatoriano confirmó la decisión del presidente Daniel Noboa de instaurar el estado de excepción en todo el país. La medida había sido tomada por el mandatario para enfrentar la grave crisis de seguridad que atraviesa el país.
El máximo tribunal de garantías de Ecuador validó la constitucionalidad de las medidas adoptadas por Noboa para hacer frente a la criminalidad organizada, cuyo auge ha hecho de Ecuador uno de los países más violentos del mundo, con 45 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023.
Para la Corte Constitucional, «la existencia o no de un conflicto armado interno es una cuestión de hecho, que no depende de la declaratoria de una autoridad pública, como la emisión de un estado de excepción o su control por parte de ese organismo».
Entre las medidas validadas por la Corte está la suspensión de los derechos a la inviolabilidad del domicilio y a la libertad de reunión, así como el toque de queda nocturno, cuyo horario varía en función de la peligrosidad de cada provincia o ciudad.
Para el tribunal, “la intervención de las Fuerzas Armadas para garantizar la soberanía e integridad territorial es una de las competencias ordinarias e, incluso, en caso de conflicto armado interno, éstas pueden movilizarse e intervenir una vez fenecido el estado de excepción, de acuerdo con el ordenamiento jurídico».