La semana pasada Boris Johnson jugó una carta controversial en la negociación con Bruselas sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El primer ministro busca evadir las obligaciones contraídas en el Acuerdo de Retirada de la UE. Para ello su Gobierno emitió una ley nacional en la que se alteran cláusulas fundamentales del Protocolo para Irlanda del Norte incluidas en un documento anexo al Acuerdo de Retirada.
La decisión, que salió a la luz el martes último, condujo a la renuncia de Jonathan Jones -jefe del Departamento Legal del Gobierno- y a las críticas de varios antecesores de Johnson. John Mayor y Tony Blair se expresaron de manera conjunta en una carta publicada por el diario The Times. Ambos consideran que la maniobra consiste en una falta de respeto por la legalidad y el imperio de la ley, lo que perjudica la reputación del país. Asimismo, argumentan que la Ley de Mercado Interior propuesta por el Gobierno británico atenta contra la predictibilidad, la estabilidad política y la claridad legal, fundamentales en el mantenimiento del equilibrio entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte.
Los conservadores Theresa May y David Cameron, predecesores de Johnson en el número 10 de Downing Street, también expresaron su preocupación por la violación de la ley internacional. Por su parte, al menos una treintena de diputados oficialistas ya buscan frustrar la aprobación de la ley en la Cámara de los Comunes en tanto algunos miembros de la Cámara alta han asegurado que están dispuestos a enmendar el texto.
Ante la maniobra de Johnson, la Unión Europea ha respondido amenazando con llevar adelante acciones legales contra el Reino Unido de no retirar el proyecto de ley antes de que finalice septiembre. En este sentido, el vicepresidente de la Comisión Europea acusó a Londres de haber dañado la confianza entre las partes. En Downing Street aceptan que la violación de la ley ha sido específica y limitada, y desafían a la UE asegurando que no es posible ni tienen intención de modificar lo establecido en el controversial proyecto de Ley.