El Gobierno neerlandés impuso el toque de queda como recurso para contener el avance del coronavirus. La medida, que entró en vigor el sábado pasado, generó descontento entre sectores de la población. Se han producido disturbios en distintos puntos del país. Éstos derivaron en la detención de al menos 500 personas, tras los saqueos a comercios, quemas de vehículos y agresiones contra las fuerzas de seguridad.
La clase política observa, perpleja, el nivel de violencia que adoptaron las protestas. El Ejecutivo liderado por Mark Rutte aseguró que no cederá y que las restricciones no serán suspendidas. Aunque el hartazgo y desconcierto ante una emergencia sanitaria que no da tregua son palpables, la severidad de los disturbios sorprendió a legisladores e intendentes por igual.
De acuerdo con lo informado por la policía, la mayoría de los holandeses han respetado la disposición que prohíbe la circulación entre las 21 y las 4.45. Son los jóvenes quienes ejercen de forma violenta su derecho constitucional a protestar. Ámsterdam, La Haya, Haarlem, Den Bosch, Breda, Tilburg, Geleen, Almelo y Zwolle son algunas de las ciudades donde se produjeron las concentraciones en la noche del lunes. La policía fue el blanco de proyectiles y múltiples vehículos fueron incendiados.
En los Países Bajos, las escuelas y comercios no esenciales están cerrados desde diciembre. Por su parte, los bares y restaurantes se han visto obligados a bajar la persiana en octubre. Los saqueos dificultan aún más el esfuerzo de los comerciantes; no todos podrán hacer frente a los costos de reparaciones. Para la clase política, las imágenes de las últimas tres noches no reflejan la cultura e idiosincrasia del país. Se prevé que el Parlamento se reúna mañana para abordar los disturbios.
