Impulsada por el presidente francés, Emmanuel Macron, la ley intenta adaptar el modelo laico, garante de la libertad de culto y la neutralidad del Estado ante las religiones, a los desafíos de esta década. El texto “que reafirma los principios republicanos” -según el título oficial- implementa reformas a la ley de libertad de enseñanza de 1882 y a la de la separación de las Iglesias y el Estado, en vigor desde 1905.
135 horas de debate legislativo fueron necesarias para introducir más de 300 enmiendas al texto original y arribar a un proyecto que evidencia la divergencia de posturas sobre la laicidad. Hay partidos que defienden la aplicación de la ley de 1905 a todos los franceses independientemente de la religión que practiquen. Por otro lado, hay diputados que insisten en una aplicación acorde a la diversidad religiosa real de la Francia actual y considerando la situación de los seis millones de musulmanes que habitan en el país. Desde la izquierda se alzan críticas contra la posibilidad de que la nueva ley conduzca a la estigmatización y la discriminación social de quienes practican el Islam. En cambio, los diputados de los partidos de derecha sostienen que la ley debería, al menos, especificar que está dirigida contra el islamismo.
Finalmente, la ley fue aprobada con 347 votos a favor, 151 en contra y 61 abstenciones. Los diputados de La República en marcha, el partido oficialista, junto a pequeñas formaciones partidarias afines al Gobierno votaron en favor del proyecto. Por su parte, la derecha tradicional de Los Republicanos y el partido de izquierda, La Francia Insumisa, votaron en contra de la aprobación. Los miembros del Partido Soscialista y del ultraderechista Reagrupamiento Nacional optaron por la abstención. Ahora es el turno del Senado para debatir sobre el principio de laicidad que rige en el país galo hace más de un siglo. Luego, la Asamblea Nacional definirá el futuro de la nueva normativa.
Una vez entrada en vigor, la ley implicará un refuerzo del control de las mezquitas y asociaciones islamistas a la vez que se reprimirá la incitación al odio en internet. Asimismo, se introducirá un delito específico por la puesta en peligro de la vida ajena por la difusión de informaciones relativas a la vida con un objetivo malintencionado. La pena será de tres años de prisión y una multa de 45.000 euros. Este artículo está vinculado al fallecimiento de Samuel Paty, un profesor de educación secundaria, asesinado tras haber mostrado una caricatura de Mahoma en una clase sobre libertad de expresión.
En la recta final de su mandato, Emmanuel Macron intenta dar respuesta a casi una década de atentados yihadistas. El Gobierno francés considera que hay barrios donde mezquitas y organizaciones sociales promueven el adoctrinamiento y la radicalización colocando a las normas religiosas por encima de las leyes republicanas. Se estima que 1.500 ciudadanos franceses se sumaron a las filas de Estado Islámico en Siria e Irak en los últimos siete años.