Al anunciar la congelación de todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos, Donald Trump le dio un duro golpe al régimen de Nicolás Maduro: esta extensión de las sanciones al Ejecutivo chavista transformó en algo casi imposible hacer negocios con Venezuela.
«Todos los bienes e intereses en bienes del Gobierno de Venezuela que se encuentran en EE UU están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse de otra manera», dice el texto. Con esta acción, Venezuela entra en el listado de los países más castigados por estas restricciones por Washington. Los otros son Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba.
Washington justifica la medida por “la continua usurpación del poder por parte de Maduro” y los miembros de su régimen, así como “los abusos contra los derechos humanos, incluido el arresto arbitrario o ilegal” y la detención de ciudadanos venezolanos, además de las trabas a la libertad de expresión e intentos continuos “de socavar al presidente interino Juan Guaidó” y el ejercicio de autoridad legítima de la Asamblea Nacional venezolana.
Esta es la primera vez en más de 30 años que EE UU congela los activos a un país occidental, aunque con algunas excepciones: la orden permite la entrega de alimentos, medicamentos y ropa «destinados a ser utilizados para aliviar el sufrimiento humano».
Desde 2017 Trump viene apostando a las sanciones contra Caracas y este año las ha exacerbado. Está convencido que en una economía en crisis como la venezolana, estas medidas debilitarán aún más a Maduro. Por ejemplo, las restricciones a la venta de petróleo impuestas en marzo significaron una disminución importante del flujo de efectivo del régimen de Maduro y desataron una crisis por la escasez de combustible en el país.
Sin duda esta batería de sanciones también busca golpear un punto sensible para el régimen que para muchos explica, en parte, su permanencia en el poder (además del apoyo imprescindible de las Fuerzas Armadas): el de los programas de asistencia social que vienen conteniendo desde hace tres años a alrededor de 16 millones de venezolanos.
Según un estudio publicado por el diario El País de España al 90% de los venezolanos no le alcanzan los ingresos para cubrir los alimentos y que el 51% de los hogares está en situación de pobreza. En este contexto, esta decisión de Trump empeorará todo aún más.
En definitiva, lo que busca la administración Trump es que la situación interna colapse y que ello reavive y agrande las manifestaciones públicas contra el régimen que fueron muy intensas a principios de año. Esto podría reposicionar a una ahora desdibujado Juan Guiado.
Hay que recordar que tanto Washington como las principales potencias europeas reconocen a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Pero las coincidencias entre EEUU y la Unión Europea prácticamente terminan ahí. Queda claro que EE UU ya dio por agotada la vía del diálogo y por eso apuesta por profundizar las sanciones lo mas que pueda. Mientras la UE da una oportunidad a la diplomacia ejerciendo una calculada presión de mediana intensidad.
Por eso tampoco sorprende que esta decisión de Trump haya generado una grieta en el frente internacional que está tratando de buscar una salida a la crisis en Venezuela. La UE ya mostró su disgusto con esta medida de porque podría tener efectos colaterales para las compañías europeas que operan en ese país.
Es que pese a la caótica situación social, económica y política que atraviesa Venezuela, siguen aún presentes en ese país centenares de empresas europeas, entre ellas Air France, Unilever, Total o Repsol, con una inversión total aproximada de 14.000 millones de euros. Ahora todas ellas corren el riesgo de que sus activos sean incautados en Estados Unidos.