La Fiscalía búlgara investiga una serie de explosiones ocurridas entre 2011 y 2020 en cuatro depósitos de armamento destinado a Georgia y Ucrania. Además, la justicia sospecha de seis individuos de ciudadanía rusa a la vez que ha vinculado el caso con la detonación en un depósito de armas en República Checa en 2014.
Respecto al caso checo, Praga acusó hace dos semanas al servicio de inteligencia militar ruso (GRU) por la muerte de dos empleados del arsenal. Por su parte, las autoridades búlgaras también han vinculado el caso de las explosiones a los dos intentos de envenenamiento de Emilian Gebrev, un comerciante de armas, en 2015.
Las detonaciones implicadas en la investigación abarcan la explosión en un depósito de la empresa EMCO en 2011, dos en la empresa de propiedad estatal VMZ en 2015 y otra en la empresa Arsenal en 2020. En todos los casos, se trata de detonaciones activadas de manera remota y programada para evitar la presencia de personal en los depósitos.
La situación judicial en ambos países ha tensado la ya delicada relación entre Europa occidental y el Kremlin. En este sentido, Moscú niega toda acusación que comprometa al GRU y acusa a la Unión Europea de falta de control en los depósitos de armas privados. Asimismo, el Gobierno ruso expulsó, esta semana, a siete diplomáticos de embajadas europeas en Moscú en respuesta a la expulsión de enviados rusos por parte de la República Checa, Eslovaquia y los países bálticos. De momento, el ministro de Relaciones Exteriores búlgaro, Ivailo Georgiev Kalfin, ha convocado al embajador ruso acreditado en Sofía para discutir las declaraciones de la Fiscalía.