Dominic Cummings, asesor del Primer Ministro británico, ha violado sistemáticamente las medidas impuestas para frenar la propagación del coronavirus. Ante tal situación, la opinión pública y numerosos miembros del Parlamento -de todo el espectro ideológico- han pedido su renuncia.
El domingo, Johnson anunció que no removerá del cargo a su asesor estrella, y aseguró que considera que no ha sido cometida ninguna ilegalidad. Las justificaciones proveídas por el propio Cummings antes de la rueda de prensa del Primer Ministro vinculan su accionar a las necesidades de su familia en el marco de la pandemia.
Cummings ocupa un lugar especial en el gobierno británico, su tarea principal era -y aún es- idear un país digno de la era post-Brexit. Sin embargo, alrededor de veinte diputados conservadores se han sumado a la oposición para reclamar su dimisión. Además, miembros del comité científico que asesora a Johnson en materia de COVID-19 lo han acusado de socavar la estrategia comunicacional del gobierno en un momento clave.
La sociedad, empujada al límite por el confinamiento y el aparente doble estándar normativo que la distingue de la élite política, se encuentra en una encrucijada: continuar apegándose a las reglas y evitar que los números de contagio sigan aumentando exponencialmente o rebelarse contra lo que entienden como una injusticia pero que posiblemente llevaría a un explosión en el número de casos. De cualquier manera, es seguro que la imagen de Boris Johnson, ya en declive por la gestión de la crisis sanitaria, ahora empeorará aún más.