Quizás una de las principales motivaciones de los votantes del “leave” en el referéndum que derivó en el Brexit era el profundo rechazo hacia los inmigrantes. El gobierno de Boris Johnson no sólo ha conseguido efectivizar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, sino que también ha dado respuesta a las demandas de buena parte del electorado conservador: modificar la política migratoria del país.
Librados de las órdenes dictadas por Bruselas, los británicos ahora denegarán el ingreso a migrantes no cualificados y que no sepan hablar inglés. A su vez, el documento publicado hoy exige que los migrantes cuenten con un contrato de trabajo previo a su ingreso al país. La medida, que entrará en vigor en enero de 2021, ya ha causado revuelo entre empresarios y miembros del partido Laborista. Los primeros anuncian el fin de la mano de obra barata hasta ahora nutrida por trabajadores de Europa continental. Por su parte, los laboristas han centrado sus críticas en los requisitos de idioma.
En cambio, para Downing Street se trata de una muestra de la recuperación del control total sobre las fronteras y el fin de la libre circulación promovida por la Unión Europea. A su vez, el gobierno considera que la medida forzará a las empresas a invertir en la formación de sus trabajadores y en innovación y desarrollo tecnológico.
Resta esperar al año próximo para evaluar los impactos del nuevo sistema de puntajes -al estilo australiano- en la economía británica. No obstante, es dable afirmar que los cambios en el mercado laboral empezarán a vislumbrarse mucho antes como consecuencia del anuncio de esta endurecida política migratoria.