El Gobierno de Boris Johnson endurecerá el control fronterizo y aquellas personas que intenten ingresar al país de forma irregular serán enviadas al país africano. El foco está puesto en la ruta migratoria del canal de la Mancha, donde el ejército británico controlará las aguas que separan al país del resto de Europa. En 2019, tan solo 300 individuos intentaron cruzar ilegalmente. Pero en 2021 esa cifra ascendió a 28.500.
Las autoridades británicas sondearon la posibilidad de abrir centros de retención de migrantes en Albania y Ghana, pero terminaron decidiendo en favor de Ruanda. Esta semana, la ministra del Interior inglesa, Priti Patel, viajó a Kigali para firmar el acuerdo con el Gobierno del país que en 1994 vivió el genocidio de la minoría tutsi a manos de las autoridades hutus. El pacto supone una inversión de más de 144 millones de euros que permitirá a Johnson enviar a ese país a una gran parte de los inmigrantes ilegales que son interceptados en el canal de la Mancha cada año.
La medida apunta a relocalizar a los varones adultos considerados emigrantes económicos, es decir, aquellos que no son perseguidos por motivos políticos ni religiosos. Así, Gran Bretaña refuerza el aislacionismo profesado por el Brexit al cerrar la puerta a aquellas personas que aspiran a conseguir mejores oportunidades en el país insular. En Ruanda, los inmigrantes detenidos deberán permanecer en un centro de retención en la base aérea militar de Linton-on-Ouse mientras aguardan la resolución de sus trámites de solicitud de asilo para ingresar legalmente al Reino Unido.
Durante una visita a la localidad de Kent, el primer ministro aseguró que así como la salida de la Unión Europea permitió recuperar el control sobre la inmigración al reemplazar la libertad de circulación por un sistema de ingreso basado en puntajes, las nuevas medidas posibilitarán tener el control sobre la inmigración ilegal. A su vez, la nueva Ley de Fronteras y Nacionalidades, actualmente en proceso de aprobación legislativa, busca imponer sanciones penales a quienes intenten entrar ilegalmente al Reino Unido. En lo que va de este año, más de 4.600 personas cruzaron el canal. En este contexto, el último miércoles se registró la cifra récord con más de 600 inmigrantes interceptados en 24 horas.
El proyecto de relocalización ya provocó duras reacciones por parte del Partido Laborista y de un gran número de organizaciones y activistas dedicados a proveer ayuda a refugiados. A pesar de las críticas, el Gobierno de Johnson no ha dado señales de retracción. Figuras de la oposición han denunciado que el anuncio tiene por objetivo desplazar la atención del público de la multa que la policía impuso al propio Johnson y al ministro de Economía, Rishi Sunak, por las celebraciones prohibidas en Downing Street durante el confinamiento.