La fiscalía internacional llevará adelante una investigación en torno a los asesinatos cometidos entre 2011 y 2019 en el marco de la campaña contra la droga. La pesquisa busca determinar si se trató de crímenes de lesa humanidad cometidos en medio de la iniciativa liderada por el presidente Rodrigo Duterte. Filipinas abandonó la instancia internacional en 2019 y, por lo tanto, sólo se investigarán los sucesos ocurridos en el período en que el país asiático aún era miembro.
Duterte ha declarado que la decisión del Tribunal Penal Internacional (TPI) viola la soberanía nacional de su Estado e ignora su presunción de inocencia. Las autoridades filipinas establecen que la cifra de muertos en los allanamientos y redadas policiales alcanza los 7.000. En contrapartida, Amnistía Internacional presentó un informe instando a las Naciones Unidas a tomar acción y asegurando que las muertes fueron producto de la impunidad policial y la voluntad del gobierno local.
En junio, la fiscalía del TPI había presentado la solicitud a los jueces para abrir la investigación. Ayer, el Tribunal dio luz verde a los investigadores, avalando que los datos presentados hasta el momento indican que la campaña contra el narcotráfico consiste, en realidad, en un ataque sistemático contra la población civil filipina. En este sentido, se señala que muchas de las víctimas fatales resultaron de ejecuciones extrajudiciales.
Karim Khan, el nuevo jefe de los fiscales del tribunal está a cargo de la investigación. Ya en 2016, su antecesora, Fatou Bensouda, había expresado su preocupación respecto a la evolución de la situación en Filipinas. De hecho, fue Bensouda quien inició la evaluación preliminar que ahora ha derivado en la apertura de la investigación propiamente dicha.