Frenar los discursos de odio que fluyen indiscriminadamente por las redes sociales es uno de los mayores desafíos que tienen las democracias actuales. Por eso, gobiernos y organizaciones civiles buscan instrumentos para ponerle límites a esta expansión de expresiones y mensajes en las redes sociales. Pero deben tener cuidado: muchos creen que esto puede afectar uno de los derechos mas importante: el de la libertad de expresión.
En medio de este debate, Francia dio ayer un paso importantísimo: una amplia mayoría en la Asamblea Nacional aprobó una propuesta de ley contra el odio on line. Según esta ley, la mayor parte de la responsabilidad de esta tarea recaerá en las plataformas de Internet, que entre otras cosas, deberán retirar de sus webs bajo penas de fuertes multas en un máximo de 24 horas contenidos que inciten al odio, ya sea racial, religioso o por género, o incluso a la violencia.
Según informa la prensa, un total de 434 diputados votaron a favor, frente a 33 en contra y 69 abstenciones. Esta ley fue impulsada por la diputada Laetitia Avia, de La República en Marcha (LREM), el partido del presidente Emmanuel Macron. Ella misma fue víctima de ciberacoso y el racismo. Dijo que el texto de la ley “lleva mi historia, esa de una mujer que no acepta más ser insultada y tratada de negra en las redes sociales”.
La ley aprobada en Francia se basa en el modelo alemán y la medida principal de la ley es la que obliga a plataformas como Facebook o Twitter y motores de búsqueda de Internet de retirar los contenidos “manifiestamente” ilícitos en 24 horas. Si no lo hacen, afrontarán multas de hasta 1,25 millones de euros. Por contenidos ilícitos se entienden incitaciones “al odio o un insulto discriminatorio” por motivo de “raza, de religión, de género, de orientación sexual o por una discapacidad”.
Al mismo tiempo, esta ley exige a las plataformas a garantizar una mayor transparencia y cooperación con la Justicia, eliminando por ejemplo el anonimato en línea de los usuarios que cometan un delito de odio como el contemplado en esta ley, que también contempla la creación de una fiscalía especializada en esta materia y la creación de un botón de denuncia de “contenidos manifiestamente” incitadores al odio y reconocible en todas las plataformas.
Los pocos que se opusieron a esta ley fueron diputados del partido de la izquierda radical. No están de acuerdo con que la responsabilidad recaiga sobre todo en las plataformas porque piensan que eso puede atentar contra la libertad de expresión ya que las propias empresas preferirían retirar contenidos en caso de duda en vez de arriesgarse a una multa. Uno de los diputados de ese partido lo justificó así: “Ustedes están confiando la censura a Google, a Facebook, a Twitter, una censura privada sobre todo. Peor aún: una censura tecnológica”.
Con un argumento similar, también la Comisión Nacional de Consulta de los Derechos Humanos (CNCDH), calificó a la ley de “inadecuada y desproporcionada” y manifestó su preocupación por los “riesgos” que podría implicar en las libertades fundamentales la norma, especialmente la obligación de retirar contenido que se considere que incita al odio en 24 horas. Una medida que “alienta a las plataformas, por exceso de prudencia, a retirar contenidos que no sean manifiestamente de odio”.