Hoy, el Tribunal de Justicia de la UE comunicó que se ha declarado ilegal una ley promulgada en 2017 por el primer ministro húngaro. Ésta tiene por objeto restringir y entorpecer la financiación, por parte de donantes extranjeros, de las organizaciones no gubernamentales radicadas en el país. Para los miembros del Poder Judicial comunitario, la ley viola la libre circulación de capitales reafirmada en los tratados europeos, el derecho a la privacidad, la protección de datos y, también, la libertad de asociación establecida en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE).
Desde hace tres años, Budapest exige que aquellas organizaciones que reciban más de 24.000 euros por parte de contribuyentes extranjeros se registren como “receptoras de ayuda extranjera”. Asimismo, deben hacer público el importe exacto y los nombres de los contribuyentes que aporten más de 1.400 euros. Para la UE, las medidas son discriminatorias e injustificadas.
Hace tiempo que Viktor Orbán se muestra firmemente opuesto a las instituciones comunitarias, desoyendo recomendaciones y advertencias por parte de las autoridades supranacionales así como también arrogándose competencias especiales no contempladas por la normativa europea en el marco de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, la cuestión de las ONG golpea distinto en el Palacio Sándor ya que la decisión de la Corte de Luxemburgo se inmiscuye en el enconado enfrentamiento entre el primer ministro y el magnate liberal George Soros, quien es uno de los principales donantes de las organizaciones civiles que desarrollan actividades en Hungría.
El tribunal europeo considera que no hay razones para exigir más información sobre donaciones extranjeras respecto de las nacionales, ni ve justificación alguna para la divulgación de los datos personales de los donantes. En este mismo sentido, afirman que la Ley de transparencia de Orbán no busca promover la transparencia en su sentido más propio sino que, en realidad, funciona sobre una presunción de principio e indiferenciada según la cual toda financiación extranjera de las organizaciones de la sociedad civil es inherentemente sospechosa.
Si el primer ministro Orbán llegara a hacer caso omiso del fallo de la Corte, la Comisión Europea puede tomar cartas en el asunto instando a Hungría a cumplir con la decisión del tribunal o incluso llegar a solicitar la imposición de sanciones económicas.