Por Carlos Segalis.
A finales de la semana pasada, Pedro Pablo Kuczynski, presidente del Perú, logró superar dificultosamente la destitución que había impulsado el Congreso unicameral de Perú: no se llegó a los 87 votos necesarios para declarar la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente” de la que había sido acusado.
La razón de la acusación estaba vinculada con la revelación pública de que una empresa suya ofreció servicios de consultoría a la constructora brasileña Odebrecht entre 2004 y 2007. Se trata de la empresa que distribuyó pagos a funcionarios en toda América Latina para conseguir obras públicas y contratos con el Estado.
Así como Kuczynski, se cuentan por decenas los mandatarios y funcionarios en América Latina que ven su futuro político en serias dificultades por el “escándalo Odebrecht”, el caso que el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó como “el mayor caso de sobornos extranjeros de la historia”.
En el propio Perú, un juez dictó una medida de 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, por los delitos de lavado de activos en detrimento del Estado y asociación ilícita. También en el país andino el expresidente Alejandro Toledo, fue acusado de haber recibido un soborno de 20 millones de dólares del gigante brasileño.
En Colombia, por otro lado, el presidente Juan Manuel Santos fue denunciado por haberse beneficiado con millones de dólares provenientes de los sobornos que Odebrecht habría pagado para financiar su campaña, algo que también salpica a su rival en las elecciones de 2014, Óscar Iván Zuluaga.
Por otro lado, el escándalo también atrapó en sus redes a exmandatarios como el panameño Ricardo Martinelli: Odebrecht aceptó haber pagado comisiones millonarias a los hijos del ex presidente panameño y a varios de sus ministros, según confesiones de un directivo de la compañía en el país centroamericano.
A su vez, el salvadoreño Mauricio Funes fue condenado por enriquecimiento ilícito por un monto de 419.145 dólares. Esta cifra incluye los bienes injustificados adquiridos por su hijo, Diego Funes. A su vez, el ex mandatario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) fue inhabilitado por 10 años.
Recientemente, Jorge Glas, vicepresidente de Ecuador, se convirtió en el político de mayor rango en América latina en ser condenado por la trama de corrupción de Odebrecht: fue sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita, pero apeló la medida. Habría recibido coimas por 13,5 millones de dólares.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, a pesar de que fue señalado de haber recibido fondos ilegales de parte de la constructora, no fue investigado por la Fiscalía. Según Marcelo Odebrecht, es el segundo país, después de Brasil, en la que la constructora pagó más sobornos (98 millones de dólares).
En Brasil, claro está, se encuentra el epicentro de la trama de corrupción en torno a Odebrecht, sin distinción de partidos políticos: el expresidente Lula da Silva y la destituida Dilma Rousseff fueron llamados a declarar en el caso. El actual presidente Michel Temer, por su parte, fue mencionado 43 veces en las “delaciones premiadas” de uno de los ejecutivos de la empresa constructora.
En todos los casos, lo que se registra es que los dueños de la empresa de construcción aseguran haber pagado sobreprecios en la obra pública de Brasil –particularmente en el gigante petrolero Petrobras- y a través de ese mecanismo también realizaron contribuciones ilegales a las campañas de varios políticos brasileños.
Otro de los ejes donde se hizo sentir la influencia de Odebrecht fue a través de los asesores de imagen de los principales políticos de la región, como “Duda” Mendonça y su colega Joao Santana, quienes habrían oficiado de intermediarios entre la empresa aportante de fondos ilegales y las campañas.