El presidente polaco, Andrzej Duda, declaró el estado de emergencia en las provincias de Podlakia y Lublin con el objetivo de frenar el flujo migratorio irregular desde Bielorrusia. La Unión Europea (UE) considera que la ola migratoria constituye un arma híbrida del Gobierno de Aleksandr Lukashenko, en respuesta a las sanciones que pesan sobre Minsk.
En Polonia, la medida aprobada por el Ejecutivo implica la restricción del derecho de reunión y la libertad de movimiento en 183 municipios fronterizos durante un plazo de 30 días. Varsovia es responsable de sus fronteras nacionales así como también de una de las fronteras exteriores del bloque comunitario. Es en este sentido que el gabinete de Duda consideró prioritario atender a la seguridad del Estado, incluso si ello significó limitar las libertades civiles. Letonia y Lituania también han adoptado medidas en esta línea a fin de reforzar sus propias fronteras.
Tanto los grupos de ayuda a los migrantes como los residentes de las zonas lindantes a Bielorrusia confirmaron el aumento progresivo de la presencia de efectivos de la Policía en los últimos días. El país europeo no había aplicado una disposición de este tipo desde la época soviética. A la luz de esta situación, Amnistía Internacional se ha pronunciado advirtiendo que el derecho internacional y el derecho de la UE en materia de refugiados obligan a Polonia a evaluar individualmente cada una de las solicitudes de asilo.
De acuerdo con las autoridades polacas, alrededor de 3.500 personas intentaron ingresar al país en el mes de agosto. Asimismo, se produjeron casi 1.000 detenciones y 2.500 expulsiones durante el mismo período. La tensión en la frontera, y también a nivel político, ha aumentado significativamente desde las elecciones bielorrusas de 2020. Bruselas ha impuesto sanciones sobre el país que dirige Lukashenko. En consecuencia, éste ha estrechado sus vínculos con el Kremlin e incrementado la presión sobre los disidentes.