El conflicto por la posible secesión catalana de España continúa acrecentándose. Ayer, la fiscalía de Cataluña ordenó a las fuerzas de seguridad -los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Civil- que requisaran las urnas y cualquier material que sirviera para la preparación del referéndum unilateral de secesión convocado por el gobierno catalán para el próximo 1 de octubre.
Esta decisión se suma a otros contratiempos como la prohibición del plebiscito por parte del Tribunal Constitucional español y la suspensión de forma cautelar de la ley de “desconexión” que aprobó la semana pasada el Parlamento catalán, que operaba como guía de ruta en caso de triunfar el Sí en el referéndum.
También se ordenó tomar declaración como imputados a todos los alcaldes que se han ofrecido a participar del referéndum ahora llamado “1-0”.
En este contexto, el enfrentamiento entre el presidente catalán Carles Puigdemont y presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, sigue en ascenso. El primero, envalentonado por las masivas manifestaciones a favor de sus iniciativas, desafió nuevamente a Rajoy a convocar una consulta pactada.
Rajoy, lejos de mostrarse conciliador, mantuvo su postura negativa y atacó al partido de Puidgemont por la escalada en las tensiones, ya que dijo que a su criterio éstos estaban influidos por los “más extremistas y radicales de Cataluña”, en referencia a sus socios anticapitalistas de la Candidatura de Unidad Popular (CUP).
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