Bruselas abrió la vía para aplicar las primeras medidas sectoriales contra Bielorrusia. El objetivo es sacudir los pilares económicos del gobierno de Lukashenko. Los ministros de Relaciones Exteriores de los Veintisiete pactaron, en Luxemburgo, la batería de sanciones cuya aplicación depende de la aprobación del Consejo Europeo. La cumbre de líderes europeos está estipulada para el final de esta semana. La Unión Europea (UE) trabaja en coordinación con Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido.
A su vez, se ha extendido la lista de dirigentes y empresarios a sancionar. Ésta sumaba 88 personas y siete empresas; ahora, otras 78 personas y ocho firmas han sido añadidas tras la escalada en las violaciones a los derechos humanos en el país de Europa del Este. Las sanciones están dirigidas contra figuras del sector empresarial que se benefician y sostienen al régimen de Lukashenko. En particular se penalizará a la industria del potasio, los hidrocarburos y el sector financiero.
Hasta el momento, los castigos por parte de Bruselas habían consistido en la prohibición de la entrada al territorio de la UE para una lista de dirigentes bielorrusos. El endurecimiento de la postura europea constituye una respuesta al secuestro de un vuelo comercial a principios de junio, al que se obligó a aterrizar en Minsk a fin de detener a dos de sus pasajeros: el opositor bielorruso Roman Protasevich y su pareja, Sofia Sapega.
Existe el riesgo de que las medidas impuestas por la Unión generen el efecto contrario al buscado y, en lugar de alejar a Lukashenko del poder, lo acerquen todavía más a Vladimir Putin. Incluso, podría haber intentos del Kremlin para anexionarse Bielorrusia al igual que sucedió con Crimea en 2014. Los líderes de Europa confían en la reacción popular ante Lukashenko y la deriva hacia Rusia.