Washington, Bruselas y Londres afirman que Rusia cruzó el límite con los ataques contra objetivos civiles registrados en los últimos días. El bombardeo a un teatro de la ciudad de Mariupol que funcionaba como refugio para cientos de personas o el ataque a las personas que hacían fila para comprar pan en Chernígov muestran a las claras que el Kremlin ha redoblado esfuerzos en su ofensiva.
Aunque aún no se presentó una denuncia formal, Josep Borrell y Antony Blinken han condenado el accionar ruso. Ambos dejaron en claro que los actos ordenados por Vladimir Putin, particularmente los ataques contra civiles e infraestructura básica, constituyen violaciones del derecho internacional humanitario. El primero, jefe de la diplomacia de la Unión Europea, aseguró que los responsables de estos crímenes de guerra deberán rendir cuentas.
La Convención de Ginebra y el Estatuto de Roma que dio origen al Tribunal Penal Internacional establecen que toda agresión cuyo objetivo sean civiles es un crimen de guerra. Dentro de la definición también se incluyen los ataques que, a pesar de tener un objetivo militar, impliquen una cantidad desproporcionada de víctimas fatales civiles.
En Washington la situación ha derivado en el nombramiento de una embajadora estadounidense para la Justicia Penal Global. Beth Van Schaak tendrá a su cargo la documentación y análisis de los posibles crímenes de guerra cometidos contra Ucrania en las últimas tres semanas. De este modo, la Administración Biden busca contribuir a las investigaciones internacionales contra el Kremlin y las fuerzas rusas. Eventualmente, los responsables podrían encontrarse en el banquillo ante un tribunal internacional.