Un gran número de medios y grupos mediáticos polacos han rechazado la introducción de un nuevo impuesto a la publicidad por parte del Gobierno. La medida ha sido interpretada como un avance sobre la libertad de prensa. En este sentido, hicieron pública una declaración conjunta en la que afirman que las autoridades polacas ya han destruido el Estado de derecho y ahora se dirigen a poner fin a la opinión pública libre en el país.
A principios de febrero, el oficialismo presentó el proyecto de ley que estipula una tasa de hasta el 15% sobre las ganancias obtenidas de la publicidad. De acuerdo con la propuesta, los fondos recaudados se utilizarán para financiar el Fondo Nacional de Salud y otros servicios esenciales. Según el primer ministro, Mateusz Morawiecki, Polonia ha esperado a que Bruselas aborde la cuestión de la fiscalidad de grandes multinacionales. De este modo, siguiendo los pasos de España, Italia y Francia, el país implementará soluciones propias.
La oposición de los medios tomó la forma de apagones en las ediciones de ayer. Las tapas de medios gráficos se imprimieron en negro y las emisoras de televisión sustituyeron la programación con mensajes como “Este era tu programa favorito”. En su mayoría, los medios basan su existencia en ingresos publicitarios. Los recursos destinados a investigación y verificación de hechos se reducirán significativamente una vez introducido el nuevo impuesto. Es así que los grupos mediáticos han denunciado que se trata de un nuevo intento de asfixiarlos para sofocar las críticas contra el Gobierno.
En la declaración conjunta también se afirma que el impuesto debilitará e incluso obligará a algunos medios a cesar sus actividades. Asimismo, se ampliarán las desigualdades entre los medios privados y los públicos; estos últimos cuentan con apoyo del Estado. Para las organizaciones de prensa y grupos de medios, el escenario al que se enfrentan presenta claras similitudes con el avance de Viktor Orbán sobre la prensa en Hungría.
A pesar de las declaraciones cruzadas, el vocero gubernamental, Piotr Muller, aseguró que el proyecto aún está en evaluación a la vez que no difiere de las medidas fiscales impuestas por otros países de Europa.