El drama de Venezuela reapareció en los medios en toda su magnitud. A pesar de que durante algunas semanas la crisis económica, social y política que azota a ese país desapareció de la tapa de los diarios, no dejaron de pasar cosas gravísimas. Esto quedó claro ayer cuando se conoció un durísimo informe en el que la ONU le exige a Nicolás Maduro detener las “graves violaciones de derechos”.
Las conclusiones del informe son categóricas y no dejan lugar a dudas: se denuncian graves violaciones de los derechos económicos, sociales, civiles y políticos, violencia y abusos policiales y una cifra escalofriante de muertes: 5.287 solo en 2018, atribuidas a la «resistencia a la autoridad». A esto hay que agregarle una migración sin freno. También se destaca que en mayo había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad.
Este informe de la ONU fue elaborado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet, quien visitó Venezuela entre el 19 y 21 de junio. Ella y su equipo realizaron 558 entrevistas con víctimas y testigos directos. De aquellos testimonios se desprende que el chavismo «ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo».
Desde 2004 Venezuela no recibía una evaluación en terreno de la situación de los derechos humanos. La visita de Bachelet fue antecedida por la de un cuerpo técnico que recorrió cuatro ciudades del país y realizó entrevistas a activistas. Durante su visita a Venezuela, la expresidenta de Chile se reunió con Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ONG y actores de la sociedad civil.
Pero no solo hay una severa crítica por los daños institucionales sino también se responsabiliza a Maduro por la emergencia económica: le atribuye al presidente responsabilidad por la imparable hiperinflación y por «las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última década», que debilitaron los sistemas de producción.
Frente a esta situación, la ex presidenta chilena pide al Gobierno de Maduro que adopte de «inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones» que asfixian a millones de personas. Para la ONU esta es la única manera de detener el continuo “éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país y empeoran las condiciones de vida de quienes permanecen en él».
Las mayores críticas del Informe están dirigidas a la actuación de los cuerpos de seguridad y las fuerzas especiales de la Policía Bolivariana. «Las FAES, una unidad de respuesta rápida creada en 2017 para combatir el crimen organizado, han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad, al igual que el CICPC [la policía científica]. Los servicios de inteligencia (el SEBIN y la DGCIM, la contrainteligencia militar) han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as, políticos/as y de sus familiares», señala el Informe.
Estos procedimientos, dice el informe, se enmarcan, además, en un contexto en el que los grupos de choque del chavismo, los llamados colectivos armados, «contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia».
Como era de esperar, Maduro rechazó el informe y presentó 70 alegaciones. Según un documento presentado por la Cancillería venezolana, la ONU ofrece «una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos, recogidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena”.
El informe también le quita responsabilidad a las sanciones económicas aplicadas al país que sistemáticamente Maduro ha atribuido como responsables de la actual crisis y señala como origen de la crisis humanitaria que vive Venezuela al «desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión». todo esto fue lo que generó «violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida».
Se trata de un durísimo golpe para Maduro porque esta vez esta severa crítica no proviene de Estados Unidos ni de ninguno de los gobiernos que él considera como enemigos y que estarían buscando su derrocamiento. Este informe, cargado de datos concretos y probados, es responsabilidad de Bachelet, una prestigiosa dirigente política del partido Socialista chileno que fue dos veces presidente de ese país.
Pero más allá de cómo reaccione Maduro, estas revelaciones sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela debería despertar la indignación y la condena de mucho que aún se mantienen callados frente a esta situación y que creen que en Venezuela rige el Estado de Derecho.