Desde el 8 de octubre, la ciudad de Lagos se ha visto ocupada por una ola de protestas contra la brutalidad de las fuerzas de seguridad. Entre disturbios y represión, las víctimas fatales del día de ayer suman al menos una veintena. La mitad de ellas fallecieron cuando la policía disparó contra los miles de manifestantes que tomaron una estación de peaje.
En los Estados de Oyo, Ogun, Kano, Abia, Edo y Abuya -la capital nigeriana- fueron asaltadas comisarías, hubo choques entre manifestantes y alborotadores, y más fallecidos. Dado el incremento de la violencia, el Gobierno movilizó al Ejército y las fuerzas antidisturbios en todo el territorio nacional. En tanto, la comunidad internacional ha instado al presidente Muhammadu Buhari a terminar con la violencia a pesar del rechazo del Ejército africano de toda acusación de haber disparado contra la población civil.
En Lagos, el gobernador Babajide Sanwo-Olu decretó el toque de queda. Sin embargo, los manifestantes -en su mayoría jóvenes- permanecieron en las barricadas que bloquean el acceso a la ciudad. Tras los disturbios de la última jornada, el Gobierno local determinó que los heridos hospitalizados ascienden a casi tres decenas. Asimismo, Sanwo-Olu anunció la apertura de una investigación sobre los hechos.
El detonante de las manifestaciones fue la muerte de un joven a manos de la policía en la ciudad de Ughelli el pasado 3 de octubre. En este sentido, el Escuadrón Especial Anti-Robos de la policía de Nigeria, denunciado en múltiples ocasiones por uso excesivo de la violencia, torturas y ejecuciones extrajudiciales, ha sido el objetivo de las protestas. El 9 de octubre, un día después de que las protestas se extendieran por todo el país, Buhari decidió disolver el Escuadrón. A pesar de ello, los manifestantes no han puesto fin a su reclamo, sino que han elevado el tono de sus demandas.
El malestar generado por la violencia policial se ha extendido hasta el punto de abarcar el descontento contra el presidente Buhari por la corrupción y la mala gestión de la crisis económica consecuencia de las medidas adoptadas para contener el avance del coronavirus.