La Unión Europea logró llegar a un acuerdo sobre el nuevo Pacto de Migración y Asilo. El mismo implicará un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Ofrecerá a los gobiernos una ‘solidaridad a la carta’. Esto implica la posibilidad de eludir la acogida de parte de los migrantes reubicados si pagan una compensación por cada traslado rechazado.
«¡Éxito! Después de años de estancamiento político, hemos llegado a un acuerdo», ha anunciado uno de los eurodiputados del equipo de negociación, el democristiano holandés Jeroen Lenaers. Las presidentas del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha coincidido en señalar el momento «histórico» que supone el acuerdo que pone fin a años de tensiones entre los propios países de la UE.
Las nuevas reglas proponen un equilibro entre los países receptores en primera instancia, como España, Malta, Italia, Chipre y Grecia, y los otros, que tienen la responsabilidad de colaborar con los primeros. Finalmente, la solución es un mecanismo de «solidaridad flexible». Esto implica obligar a los Veintisiete a responder ante un socio desbordado con la llegada de migrantes. Las opciones son reubicarlos en su territorio o pagar una compensación por cada migrante que rechace.
El objetivo es trasladar a al menos 30.000 migrantes cada año, pero los países podrán negarse a recibir a parte de los acogidos a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o de medios o fondos por valor equivalente.
El gran cuestionamiento que recibió la medida tiene que ver con la política de asilo. En los procedimientos acelerados en frontera se incluirán deportaciones rápidas para quienes no reciban el estatus de asilado y procedan de países considerados seguros. Cabe recordar que para recibir tal estatus, la UE debe considerar que el país de origen está en guerra o es inseguro.
Este acuerdo está diseñado para dificultar que las personas lleguen de manera segura», ha alertado la directora de Amnistía Internacional en Europa, Eve Geddie. Según ella, el nuevo marco europeo facilitará que «más personas sean detenidas ‘de facto’ en la frontera de la UE. Esto incluye familias con niños y personas vulnerables».