El opositor a Vladimir Putin, Alexei Navalni, quien según Alemania y la Unión Europea fue envenenado el año pasado, regresó de Berlín tras su recuperación y fue detenido por un Tribunal y puesto en prisión preventiva.
La Justicia rusa ordenó la detención porque Navalni «tiene pendiente una sentencia condicional y desde el 29 de diciembre de 2020 está en búsqueda por numerosas infracciones del período de prueba». Desde su lugar de detención, Navalni convocó a sus seguidores y a la población en general a salir a las calles a defender el futuro del país.
Según determinó Alemania, Navalni había sido envenenado el 20 de agosto con un agente químico desarrollado por los servicios soviéticos, por lo que varios países de Europa apoyaron la imposición de sanciones a funcionarios del gobierno de Putin. Ahora, ante la detención, tanto Europa como Estados Unidos reclamaron la inmediata liberación de Navalni. En este sentido, entre otras voces, la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que: «La detención de opositores políticos va contra los compromisos internacionales de Rusia».
El caso Navalni definitivamente es un punto de suma complejidad en la relación entre Rusia y Occidente, que puede traer consecuencias no solo en materia política sino también en el ámbito económico, por las sanciones que podría recibir el gobierno de Putin si el opositor no es liberado y si no se investigan en qué condiciones se dio su envenenamiento, algo que el Kremlin ya rechazó en numerosas oportunidades.