La crisis en la región fronteriza de Arauca preocupa a las organizaciones de derechos humanos de ambos países, que han pedido la designación de un enviado especial de las Naciones Unidas (ONU). Los militares venezolanos se enfrentan a grupos irregulares acusados de ser disidencias de las FARC.
El Gobierno de Nicolás Maduro ha reportado la muerte de ocho de sus soldados y una treintena de heridos. Asimismo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, ha informado que nueve guerrilleros fallecieron producto del conflicto. Además, aseguran haber detenido a miembros del cartel de Sinaloa, dos periodistas y dos activistas. Paralelamente, miles de personas han sido desplazadas y buscan refugio al otro lado de la frontera. En Arauquita, un pueblo colombiano, más de 5.000 personas han ocupado albergues y una cancha de fútbol convertida en campamento humanitario.
Las rispideces entre Miraflores y la Casa de Nariño se remontan a los Gobiernos de Hugo Chávez y Álvaro Uribe. No obstante, en la actualidad no hay conversaciones oficiales entre ambos países, sino que los respectivos Gobiernos se limitan a lanzar acusaciones cruzadas. Es por ello que incluso el canciller venezolano, Jorge Arreaza, ha solicitado la intermediación de la ONU.
Mientras que el Secretario General, António Guterres, no ha ofrecido respuestas públicas, Michelle Bachelet sí ha manifestado su preocupación. La expresidente chilena, que se desempeña como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha alertado sobre los efectos de los enfrentamientos sobre los residentes de la zona que se han visto obligados a huir. Bachelet también se mostró preocupada por las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y por la detención de periodistas y activistas.
Aunque los enfrentamientos comenzaron hace más de un mes, no hay señales de desescalada. Muy por el contrario, Caracas y Bogotá insisten en acusarse mutuamente de fomentar la intensificación de la crisis.