Ecuador ha reportado más casos de contagio y de fallecidos que casi cualquier otro país de América Latina. Las dimensiones de la crisis sanitaria han llevado al desborde de hospitales y morgues, particularmente en la ciudad de Guayaquil. Allí, los cuerpos de los fallecidos no encuentran lugar, sus familias se han visto obligadas a abandonarlos en hospitales, dejarlos en sus casas mientras viven en cuarentena, y en algunos casos incluso envolverlos y dejarlos en la calle.
La segunda ciudad más grande del país andino ha reportado más de 1.300 contagios y 60 muertes a causa del virus. Sin embargo, la escasez de testeos a nivel nacional implica que la tasa de mortalidad podría ser mucho mayor. La intendente de la ciudad, Cynthia Viteri, ha adoptado medidas tales como la utilización de un fondo de diez millones de dólares -originalmente destinados para la celebración del bicentenario de Guayaquil- para la compra de kits de testeo y respiradores.
El fracaso en el manejo de la crisis sanitaria condujo a la renuncia del ministro de salud el mes pasado. La situación ecuatoriana es resultado de la tardía imposición de medidas, pero sobre todo de la falta de cumplimiento de las mismas. Luego de que el presidente Lenin Moreno anunciara la suspensión de actividades no esenciales, como las clases en escuelas y universidades, fue difícil hacer cumplir el distanciamiento social en ciudades tan populosas como Guayaquil. ¿Servirá el caso ecuatoriano de ejemplo para negacionistas de la crisis que significa la pandemia? ¿O será fuente de justificación para otros gobiernos de la región para extender los plazos de aislamiento y reforzar las medidas de control sobre la sociedad?