Treinta víctimas fatales en los últimos once días presionan al presidente colombiano, Iván Duque, a dar respuestas ante la crisis de seguridad que azota al país. Aunque la Defensoría del Pueblo y organizaciones internacionales ya habían advertido sobre la tendencia creciente de los asesinatos, Duque había intentado minimizar la situación y abocarse a la crisis sanitaria así como también atender la situación judicial del expresidente Álvaro Uribe.
Las masacres han estado dirigidas contra líderes sociales en los departamentos de Cauca, Nariño y Arauca, donde es frecuente la actividad de grupos armados no identificados. Tras las críticas por su postura, el primer mandatario visitó Cali y Samaniego, al sur del país. No obstante, su recorrido acompañado de funcionarios y la promesa de un estadio de fútbol para Samaniego no fueron suficientes para aplacar las críticas.
La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas recibió las noticias con preocupación en la medida en que las tres matanzas del último fin de semana se suman a un registro que ya ascendía a 33 sólo para el presente año. La organización ha contado 34 hechos de la misma naturaleza en 2019, la cifra más elevada desde 2014.
Tras la firma del acuerdo de paz con las FARC a fines de 2016, la promesa era que el Estado efectivamente abarcara a las regiones más apartadas de Colombia. Sin embargo, ante el vacío de poder dejado tras la desarticulación del grupo paramilitar, la violencia armada se ha transformado. En este escenario, los grupos armados ilegales han proliferado y han aumentado las alertas sobre el reclutamiento forzado y los controles sociales estrictos impuestos a la población, aún en medio de la pandemia.
La última decisión anunciada por Duque consiste en la creación de una Unidad Especial contra Homicidios Colectivos -término utilizado por el Ministerio de Defensa en lugar de masacres-. Al mismo tiempo, han salido a la luz los detalles del asesinato de otras tres personas en Antioquia.