Un conjunto de organizaciones sociales chilenas ha denunciado al presidente, Sebastián Piñera, ante al Tribunal Penal Internacional por los muertos y heridos durante las manifestaciones masivas de 2019. El grupo que lidera la Comisión Chilena de Derechos Humanos ha solicitado al organismo judicial internacional que abra una investigación a fin de juzgar su responsabilidad en los sucesos ocurridos hace dos años.
En la denuncia se señala el accionar de las fuerzas de seguridad que pretendieron contener las protestas. Según las organizaciones no gubernamentales, los miembros de dichas fuerzas actuaron de manera violenta y sistemática contra la población civil. Es en base a dicho argumento que sostienen que se trataría de crímenes de lesa humanidad. Asimismo, el elevado número de víctimas y el impacto del estallido sobre la población chilena vuelven esencial que las investigaciones sean realizadas por un tribunal internacional.
Otro de los puntos sobre los que se apoya la denuncia a nivel internacional es el hecho de que la respuesta de la Justicia local adquirió un carácter asimétrico. Las organizaciones civiles han manifestado que, por un lado, se determinaron condenas de prisión preventiva para cientos de manifestantes. Por otro, no se juzgó la responsabilidad de funcionarios ni agentes estatales.
En octubre de 2019, el descontento de la población chilena alcanzó niveles inéditos tras la suba del precio del boleto del subterráneo. La gota que hizo rebalsar el vaso derivó en protestas masivas y violentas en todo el país. La sociedad tomó las calles para hacer oir un profundo malestar. El Gobierno liderado por Sebastián Piñera respondió con un aumento de la presencia de las fuerzas de seguridad en la vía pública. Los enfrentamientos entre los Carabineros y la población causaron la muerte de al menos treinta personas y miles de heridos.