El Gobierno de Nicolás Maduro y los líderes de la oposición venezolana volverán a sentarse en una mesa de negociación a fines de noviembre en la Ciudad de México. Llegarán al encuentro con un acuerdo construido durante meses que pone el foco en mitigar los impactos sociales de la crisis humanitaria. De este modo, las cuestiones políticas han quedado transitoriamente fuera de la mesa.
La reunión prevista para el último fin de semana del mes busca hacer público el compromiso de las partes sobre lo acordado en privado y relanzar el diálogo ante la comunidad internacional. A su vez, este pretende ser un primer paso que permita allanar el camino hacia un acuerdo político que establezca garantías para celebrar elecciones libres y transparentes en 2024. Existe un tercer andarivel de negociación simultáneo que compromete a Caracas y al Gobierno de los Estados Unidos en materia energética. Ambos países están negociando la reincorporación de Venezuela al mercado petrolero global a partir de la habilitación para que empresas estadounidenses exploten yacimientos en territorio venezolano.
El diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición mayoritaria que encabeza Gerardo Blyde adquirió nuevo impulso con el involucramiento de Estados Unidos en marzo pasado. El propio Maduro anunció ese mismo mes que había mantenido reuniones con autoridades estadounidenses. Cabe pensar que no es coincidencia la simultaneidad entre los avances para reducir las tensiones con Caracas y la imposición de sanciones al gas y petróleo de Rusia. Por un lado, Venezuela puede proveer de energía a Estados Unidos a la vez que un acercamiento con Washington alejaría al régimen venezolano de sus socios predilectos: Irán y Rusia.
Las autoridades venezolanas están preocupadas por el acceso a los activos que tienen en el extranjero y que fueron congelados en el marco de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. A su vez, levantar las restricciones para obtener licencias de empresas estadounidenses que puedan explotar las reservas de hidrocarburos otorgaría al Gobierno una fuente de recursos para afrontar la crisis económica que atraviesa el país. Por su parte, la oposición subrayó que su punto no negociable es contar con garantías democráticas. Entre ellas destacaron habilitar misiones de observación electoral internacionales, liberar a los presos políticos, y garantizar condiciones mínimas para la competencia por cargos públicos.
No obstante los avances, este acuerdo es solamente un puntapié en la construcción de confianza entre las partes. La salida negociada a la crisis todavía parece estar lejos.