El Tribunal Constitucional de Perú decidió excarcelar al expresidente Alberto Fujimori, lo cual desató numerosas protestas en Lima. A las protestas se sumaron el rechazo de los familiares de las víctimas de las matanzas por las que fue condenado a 25 años de prisión. La medida recibió críticas de organizaciones de derechos humanos.
«Como familiares de víctimas estamos condenados a vivir diciembres entre la angustia, la rabia y el sentimiento de ciudadanos de segunda. Nuestros derechos por debajo de libertad indebida de un delincuente», expresó Gisela Ortiz, hermana de uno de los 10 estudiantes desaparecidos en la universidad La Cantuta en 1992.
El caso mencionado, y la matanza de 15 personas en Barrios Altos en 1991, son los dos casos de abusos de derechos humanos por los cuales condenaron a Fujimori a 25 años de cárcel. Al respecto, especialistas en derechos humanos, juristas y activistas fueron muy críticos con la decisión. Aseguraron que la sentencia desafía a las organizaciones internacionales que han pedido justicia para las víctimas de la violencia de Estado.
«Esto es muy grave para el Estado de derecho, tendrá consecuencias jurídicas internacionales», dijo Carlos Rivera. Se supone que la excarcelación de Fujimori podría concretarse hoy miércoles.
Por su parte, la asesora del Washington Office on Latin America (WOLA), Jo Marie Burt, reiteró su rechazo. Dijo que la liberación de Alberto Fujimori se da «sin que haya cumplido las condiciones elaboradas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)». «De liberarlo, el Estado del Perú incumpliría con sus obligaciones internacionales de manera flagrante», remarcó.
Desde la izquierda también fueron muy críticos. La legisladora izquierdista Ruth Luque indicó que la mayoría fujimorista en el Congreso había designado a los magistrados del TC que firmaron la liberación del ex gobernante. Ahora «les devuelven el favor ordenando la libertad de Alberto Fujimori».