El presidente estadounidense, Joe Biden, conmutó las penas de 37 de los 40 condenados a muerte por la justicia federal. Lo hizo a menos de un mes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Los 37 presos quedan ahora condenados a cadena perpetua «sin posibilidad de libertad condicional».
El mandatario está en contra de la pena de muerte. Durante su gobierno el Departamento de Justicia emitió una moratoria sobre las ejecuciones en el sistema federal. Esto es distinto de las condenas emitidas por los jueces en los estados. Durante el primer gobierno de Trump, Estados Unidos suspendió una moratoria sobre las ejecuciones en la jurisdicción federal que regía desde 2003.
El mandatario demócrata emitió más conmutaciones en el final de su presidencia que cualquiera de sus predecesores recientes. El magnate republicano, en cambio, defendió durante su campaña para volver a la Casa Blanca el uso de la pena de muerte para castigar a migrantes que asesinen a estadounidenses. Traficantes de drogas y de personas. correrían la misma suerte para Trump.
La nota de la Casa Blanca sostiene que Biden «ha dedicado su carrera a reducir los delitos violentos y garantizar un sistema de justicia justo y eficaz». También que «cree que Estados Unidos debe poner fin al uso de la pena de muerte a nivel federal, excepto en casos de terrorismo y asesinatos en masa motivados por el odio». Además, añade que la medida conocida hoy impedirá «que la próxima administración confirme las sentencias de ejecución que no se dictarían con la política y la práctica actuales”.
Uno de los tres condenados que no se beneficiaron del perdón presidencial fue Djokhar Tsarnaev. Se trató de uno de los autores del ataque contra la maratón de Boston en 2013. Otro, Dylann Roof, un supremacista blanco que mató a nueve personas negras en una iglesia de Charleston en 2015. Por último, Robert Bowers, condenado por matar a once personas en una sinagoga de Pittsburgh en 2018.
Biden ha sido también el primer presidente en otorgar indultos categóricos a personas por el simple uso y posesión de marihuana. También a exmiembros de las Fuerzas Armadas que pertenecen al colectivo LGBTQI+ condenados por conducta privada debido a su orientación sexual.