La expresidenta interina así como también los exministros de Justicia y Energía permanecerán en la cárcel por los sucesos que condujeron a la salida de Evo Morales de la presidencia en 2019. La jueza Regina Santa Cruz dictaminó el encarcelamiento preventivo para los tres antiguos funcionarios, todos acusados de sedición y terrorismo. Áñez fue detenida por la Policía de Bolivia en las primeras horas del sábado pasado.
A su vez, hay órdenes de captura para los ministros del Interior, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López. No obstante, ambos dejaron el país tras la victoria electoral del Movimiento al Socialismo (MAS) en 2020. Williams Kaliman, jefe de las Fuerzas Armadas, también es buscado por la Justicia dado que fue quien sugirió a Evo que renunciara a su mandato por el bien del país. Su sucesor, Sergio Orellana, ocupó la jefatura de las Fuerzas Armadas bolivianas durante la presidencia interina de Jeanine Áñez y deberá responder por la muerte de una treintena de personas durante las manifestaciones contra la mandataria.
Áñez y los exministros que ocuparon cargos durante su gobierno fueron incorporados al denominado “caso golpe de Estado”, un proceso judicial iniciado para juzgar a los jefes militares y policiales involucrados en la renuncia de Evo Morales a la presidencia en noviembre de 2019. La oposición boliviana insiste en denunciar que la justicia se ha vendido al Gobierno de Luis Arce. Asimismo, rechazan la idea de que la salida de Evo en medio de los disturbios por el fraude electoral haya constituido un golpe de Estado. Además, afirman que Áñez solamente puede ser juzgada por el Parlamento y no por tribunales ordinarios ya que se trata de una expresidenta.
La expresidenta ha enviado cartas al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y al Embajador de la Unión Europea en Bolivia, Michael Dóczy, solicitando el envío de misiones de observación para el proceso legal que se ha iniciado este fin de semana. Áñez considera que no cuenta con las garantías y condiciones mínimas para el debido proceso dado que no fue informada de su involucramiento en el juicio y que la justicia tampoco presumió su inocencia antes de dictaminar la prisión preventiva.