La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a El Salvador a «restablecer» los derechos suspendidos desde marzo de 2022, cuando el presidente Nayib Bukele instaló un régimen de excepción por motivos de seguridad ciudadana. Durante ese año, el gobierno detuvo a más de 66.000 personas, de las cuales más de 5.000 denunciaron haber sido detenidas de manera arbitraria.
«La CIDH urge al Estado respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad, así como a investigar, procesar y sancionar las actividades delictivas», indicó la CIDH en el comunicado difundido.
El informe destaca, también, que durante este año en que operó el régimen de excepción (todavía vigente), en 188 días no se registraron homicidios. Sin embargo, en otro párrafo del comunicado, la CIDH señala que «ha alertado al Estado de El Salvador que la suspensión de derechos y garantías, especialmente cuando aplicada de manera indefinida, constituye un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común».
El régimen de excepción es el marco con el cual Bukele implementó su guerra contra las pandillas. Se vale de la suspensión de algunos derechos, como el de la legítima defensa de un detenido, y la inviolabilidad de las telecomunicaciones. Por esta cruzada, se acusa a Bukele de no respetar derechos humanos.
Al respecto, la CIDH señaló que «El Estado debe asegurar que sus esfuerzos contra el crimen y la violencia se adecuen a los límites señalados en los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos de conformidad con los principios del Estado de derecho».