La tensión entre Cataluña y el gobierno central español llegó ayer a un pico máximo de tensión, luego de que el parlamento regional catalán aprobara la ley que habilita la convocatoria a un referéndum independentista para el 1 de octubre próximo. De resultar positiva la consulta, Cataluña declararía inmediatamente después la fundación de una república soberana.
Se trata de un mecanismo de dudosa legalidad, que arroja a una crisis institucional a España y pone en jaque su unidad territorial. En este marco, el presidente español, Mariano Rajoy, denunció que se estaba consumiendo un “golpe a la democracia” e intentó detener el referéndum a través de la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional.
La norma fue aprobada a través de una dudosa jugada parlamentaria, ya que fue incluida a último momento en el orden del día y aprobada por la alianza Juntos por el Sí, que conforman partidos independentistas que sostienen el Gobierno del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y por el partido antisistema Cup.
Los diputados opositores, por su parte, denunciaron irregularidades en el procedimiento y criticaron el tratamiento de urgencia que se le dio a la ley. Y los letrados del parlamento expresaron que la norma choca con el orden constitucional español, algo que los independentistas ignoraron.