La organización Human Rights Watch (HRW) obtuvo acceso a una lista compuesta de los nombres de 2.000 personas detenidas en el país asiático. El documento detalla el sistema de detención que Pekín lleva adelante contra las minorías musulmanas en la provincia de Xinjiang.
El Gobierno de Xi Jinping desarrolló un sistema informático que permite alertar a la policía sobre las actividades de los miembros de la población uigur, que profesa el islam. Los menores de 40 años, quienes realicen viajes fuera de su ciudad de residencia, y aquellos que reciten el Corán son más proclives a activar las alertas del sistema que informa a las fuerzas de seguridad a fin de proceder con la detención. Los 2.000 individuos que fueron detenidos entre 2016 y 2018 en Aksu, al sur de Xinjiang, fueron arrestadas bajo el esquema denominado Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas o IJOP, por sus siglas en inglés.
De acuerdo con HRW, los señalados por la plataforma fueron detenidos por realizar actividades cotidianas pacíficas y enmarcadas en la ley, catalogadas como “sospechosas”. Algunos no habían pagado su alquiler, otros no habían informado a las autoridades locales sobre un domicilio fijo. También hubo quienes fueron privados de su libertad por haber estudiado el Corán sin habilitación gubernamental, haber viajado fuera de la ciudad de Aksu, o haber descargado la aplicación Skype.
El informe de la organización que vela por los derechos humanos en todo el mundo apunta contra la represión de China contra las etnias turcomanas de Xinjiang que profesan el islam. En este sentido, los especialistas de HRW consideran que las nuevas tecnologías exacerban la capacidad de control de Pekín sobre la población, y sobre las minorías en particular.
Durante los últimos cuatro años, el Gobierno chino ha establecido campos de reeducación y prisiones formalmente denominados “centros de educación profesional”. Se calcula que allí han sido reubicadas más de un millón de personas en lo que se considera una clara violación a los derechos humanos. Por su parte, Pekín asegura que se trata de una política necesaria en la lucha contra el terrorismo y que los ingresos se dan únicamente de forma voluntaria.