El país sudamericano se une a otros de la región a la vanguardia de la lucha por los derechos de las mujeres. No obstante, la Corte Constitucional evitó eliminar completamente el delito por interrupción del embarazo. La votación en el máximo tribunal se resolvió por cinco votos a favor y cuatro en contra. De este modo, no se alcanzó la mayoría suficiente para lograr la despenalización total.
Hace 18 meses el colectivo de organizaciones de la sociedad civil, Causa Justa, había solicitado a la Corte que revisara la permanencia del aborto en el código penal. En promedio, cada año 400 mujeres son criminalizadas por abortar. La pena por tal delito se extiende desde los 16 hasta los 54 meses de prisión.
Aunque en toda la región hay países que han adoptado posiciones legales más progresistas en materia de aborto -como Argentina y México-, los derechos de las mujeres aún permanecen limitados. En varios Estados mexicanos la interrupción del embarazo todavía es delito, y en Argentina el plazo despenalizado se restringe a las primeras 14 semanas de gestación. De este modo, la decisión de la Corte colombiana supone un hecho histórico que trasciende las fronteras nacionales.
Hasta el momento, en Colombia el aborto estaba permitido únicamente en casos de violación, malformación del feto incompatible con la vida o riesgo para la salud física y/o mental de la mujer gestante. Sin embargo, la posibilidad de ser acusada y condenada significó un obstáculo en el acceso al aborto legal y seguro. En los últimos años, miles de mujeres se vieron forzadas a optar por alternativas más riesgosas.
Los alrededores de la Corte se vistieron de verde en un lunes que constituye una victoria para el movimiento feminista de Colombia y el mundo. Aún queda un largo camino pro recorrer, pero éste es indudablemente un paso en la dirección correcta. En los días previos a la votación, fue escasa la movilización de grupos pro vida en una sociedad en la que alrededor del 20% de la población considera que el aborto debería ser considerado un delito.