Luego de la declaración de independencia sancionada por el parlamento catalán el último viernes, el gobierno central de España comenzó con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, a través del cual Madrid puede implementar medidas para tomar el control directo de Cataluña -incluyendo el despojo de su autonomía y la destitución de líder regional, Carles Puigdemont-.
A su vez, la medida intervencionista incluye la sustitución de hasta 150 funcionarios catalanes, muchos de los cuales ya han anunciado que seguirán en sus cargos. No obstante, tanto Puigdemont como otros dirigentes catalanes pueden enfrentar cargos criminales –con sentencias máximas de 30 años-.
De hecho, el líder catalán y cinco consejeros se han refugiado en Bruselas, y ya se comienza a hablar de un gobierno de Cataluña “en exilio”.
Frente a esta encrucijada, la división en la sociedad catalana se ha profundizado como nunca antes. Por un lado se encuentran quiénes apoyan el secesionismo, y, por el otro, los cientos de miles de personas que, por ejemplo, se sumaron este domingo en Barcelona a la manifestación convocada por Societat Civil Catalana, la principal organización ciudadana contra la independencia.
Finalmente, Madrid ha pedido al tribunal constitucional español que revoque el voto unilateral de Cataluña que sancionó la independencia de la región, algo que se descuenta será sancionado.