El presidente chileno invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado para despejar las rutas cortadas por los conductores de camiones. El sector transportista reclama por la inseguridad en los caminos y el aumento de los precios de los combustibles. Los cortes afectan las principales vías terrestres desde el extremo norte del país hasta el extremo sur.
En el segundo día de cortes de rutas en ocho puntos a lo largo del país y una convocatoria a un paro nacional de camioneros, La Moneda se vió obligada a reaccionar. El Gobierno de Boric ordenó a la policía despejar todos los caminos a las 16hs del martes, pero el efecto fue parcial. En consecuencia, el Ministerio del Interior redobló la apuesta aplicando la Ley de Seguridad del Estado. Esta normativa habilita a los Carabineros a intervenir para despejar por completo los caminos que aún permanecen cerrados. Además, la ley posibilita aplicar penas más duras por ataques a la seguridad del Estado y por delitos que atentan contra el orden público.
El reclamo de los camioneros pone en jaque a la ministra del Interior, Izkia Siches, que ya acumula algunos tropiezos en las siete semanas que lleva en el cargo. La responsable de la cartera abocada al orden y seguridad de Chile reconoció su ignorancia sobre un caso de saqueo que derivó en la detención de 70 personas en las afueras de Santiago esta misma semana. Previamente, la funcionaria del gabinete de Boric denunció erróneamente una supuesta fallida repatriación de extranjeros durante el Gobierno de Piñera.
Hasta ahora el Gobierno había apostado por la desmilitarización y el diálogo en el abordaje de los profundos conflictos que afectan al país -particularmente, la situación entre el Estado y los mapuches-. En un contexto de marcada caída de la popularidad del presidente, el endurecimiento de la postura oficial busca revertir una tendencia que parece estar vinculada tanto a la crisis del orden público como a la crisis migratoria. En menos de dos meses, la imagen de Boric cayó de 50% a 36%. Cabe preguntarse si el presidente chileno podrá encontrar un equilibrio que le permita garantizar la seguridad de la ciudadanía y, al mismo tiempo, avanzar en su agenda reformista.