Decenas de detenidos se enfrentan a procesos sumarísimos tras las protestas contra el Gobierno de Díaz-Canel del pasado 11 de julio. En los últimos días, los manifestantes arrestados fueron puestos a disposición de los tribunales municipales. Los delitos de los que son acusados abarcan: desorden público, incitación a delinquir y desacato. Las penas podrían alcanzar los doce meses de prisión. Hay quienes ya recibieron sentencias en medio de las denuncias de violación del debido proceso.
Las autoridades no han dado a conocer la cifra oficial de detenidos entre el 11 y el 12 de julio. Algunas personas fueron liberadas sin cargos y otras bajo arresto domiciliario pendiente de juicio. Muchos otros permanecen detenidos y posiblemente sean llevados ante la justicia durante los próximos días.
Pese a tratarse de procesos sumarios, que impiden una defensa sólida, el Gobierno cubano declaró que se respetarán las garantías procesales. Asimismo, han informado que aquellos detenidos en el marco de hechos violentos o saqueos de comercios podrían enfrentarse a penas de hasta 20 años de cárcel.
Se espera que los juicios se extiendan durante la próxima semana. La ciudadanía espera que el Gobierno no desoiga los pedidos de mesura en la imposición de sanciones. Paralelamente, Washington anunció que sancionará a los individuos implicados en actos represivos. La presión norteamericana añade tensión y ofrece argumentos para que La Habana rechace todo intento de negociación al interior de la isla y entre los propios cubanos.