Después de medio siglo de la nacionalización de todos los negocios particulares, la reforma implementada por el Gobierno cubano podría disrumpir la lógica fuertemente centralizada de la economía local. Hace diez días entró en vigor una nueva ley que permite a las micro, pequeñas y medianas empresas volver a operar en Cuba.
Esta semana, el Gobierno aprobó las primeras 35 entidades, 32 de las cuales son de propiedad privada. En su mayoría, los emprendimientos se orientan a la producción de alimentos. Luego hay otras iniciativas que apuntan a la producción de manufacturas, al reciclaje, tecnología y desarrollo local.
La ley estipula un máximo de 100 trabajadores para cada empresa, que deberán inscribirse como sociedades de responsabilidad limitada (SRL). Asimismo, podrán acceder a créditos y financiamiento. No obstante, toda actividad de importación y exportación contará con la intermediación de una empresa estatal. A su vez, la norma limita el derecho de asociación para determinadas actividades profesionales como los contadores, abogados y arquitectos.
Aunque fue aprobada durante el VI Congreso del Partido Comunista en 2011, esta reforma clave fue dilatada por La Habana por las reticencias que generaba flexibilizar el control de la economía. La implementación de la norma constituye un primer paso hacia la construcción de una economía mixta, en la que el sector privado podrá ir consolidándose. Ello también es una oportunidad para atender las necesidades generadas por la escasez que actualmente afecta a la economía cubana. Se estima que hay más de un centenar de interesados en registrarse en el marco de la nueva normativa.