Los ministros de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino, y de Costa Rica, Mario Zamora, hicieron una gira de trabajo este sábado por el Darién. Esta ruta es la principal conexión entre América del sur y América central, un paso obligado para la amplia mayoría de migrantes irregulares que quieran emigrar desde el sur hacia Estados Unidos.
Las autoridades presentes destacaron la política implementada por ambos países, de «flujo controlado». Esta estrategia consiste en que los grupos migrantes deben tomar buses en sus fronteras -que deben pagar las personas viajeras- para ser llevados directamente a los límites con Costa Rica, en el caso panameño, y con Nicaragua, en el caso costarricense.
En el caso de Panamá, el «flujo controlado» incluye además un registro biométrico de las personas migrantes. También darles atención médica y alimentación. El «flujo controlado» ha impedido que personas migrantes mueran asfixiadas en furgones o sean víctimas de explotación sexual o de trata en Panamá como sí ocurre en otros países, aseguró el ministro panameño.
El caso de Costa Rica es más complejo. Los migrantes que logran llegar al país luego de pasar por el Darién, muchas veces no tienen dinero para abonar el pasaje del micro que los depositará en Nicaragua. Ante esto, los grupos migrantes recurren a las ventas ambulantes para recaudar el dinero. Esta situación fomenta la generación de conflictos. Por ejemplo, el 21 de septiembre, las autoridades detuvieron a 17 personas migrantes por los disturbios que provocaron cuando la Policía realizó un operativo en Paso Canoas para erradicar sus ventas ambulantes, de acuerdo con la versión oficial.