Apenas 48 horas después de asumir su mandato, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, derogó las controvertidas medidas establecidas por la izquierda del país hace una década que eliminaban las penas para las personas encontradas portando drogas ilegales en determinadas cantidades.
La decisión de Noboa cumplió una promesa de campaña de luchar contra el narcotráfico. Las consecuencias del tráfico ilegal, particularmente de cocaína, han mantenido a los ecuatorianos en vilo mientras los asesinatos, secuestros, robos, extorsiones y otros delitos alcanzan niveles sin precedentes.
Un comunicado de la oficina de Noboa anunciando la medida argumentó que las antiguas directrices “fomentaban el microtráfico” y las caracterizaban como un “elemento nocivo para la sociedad ecuatoriana”. Noboa también ordenó a los ministerios del Interior y de Salud Pública desarrollar “programas coordinados de información, prevención y control sobre el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas” y ofrecer tratamiento y rehabilitación a los “consumidores habituales y ocasionales problemáticos”.
Los lineamientos fueron adoptados en 2013 durante la presidencia de Rafael Correa bajo el argumento de que el consumo de drogas ilegales era un problema de salud pública y los consumidores no debían ser enviados a prisión. Las cantidades utilizadas en las directrices intentaron diferenciar el consumo de drogas del tráfico de drogas.
No quedó claro cómo se implementará la decisión de Noboa. Su antecesor, el presidente Guillermo Lasso, anunció en enero de 2021 su propia decisión de eliminar los parámetros, argumentando que afectaban a “jóvenes y niños”, pero nunca se implementó.
Además, un fallo de la Corte Constitucional de Ecuador ordena a los jueces distinguir entre consumidores y traficantes al determinar posibles sanciones. Sin embargo, sin las directrices no está claro cómo harán la distinción.